El Ayuntamiento de Cerdanyola ha recurrido la instalación de estos elementos en un punto estratégico de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra que impiden el paso de vehículos ajenos al núcleo urbano
La EMD esgrime que tienen las competencias sobre movilidad algo que el consistorio niega categóricamente
Uno de los bolardos del Antic Camí de Sant Cugat en Bellaterra. (Josep Blanch)
JOSEP BLANCH
Nunca antes unos bolardoshabían dado tanto de que hablar. La disputa por la instalación de estos elementos ha enfrentado de nuevo a la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra y al Ayuntamiento de Cerdanyola (al que pertenece la Entidad Municipal) que llevan años de rifirrafes por la soberanía de este pequeño núcleo de población. Esta estructura que implantó Bellaterra en el año 2011 ha terminado en los juzgados, tensando todavía más la cuerda de las relaciones entre las dos administraciones locales y entorpeciendo otras negociaciones pendientes.
Los famosos bolardos se encuentran instalados en un extremo del Camí Antic de Sant Cugat, en uno de los accesos a Bellaterra y su función es limitar el paso únicamente a los vecinos de este núcleo urbano. La EMD planteó esta medida en una junta de vecinos para limitar el acceso de vehículos que utilizaban este camino como un atajo entre las autopistas que la rodean y generaban cierta inseguridad y molestias entre los vecinos.
Los polémicos bolardos están en un extremo del Camí Antic de Sant Cugat, en uno de los accesos a Bellaterra
“Por aquí pasan más de mil vehículos cada hora”, apunta Ramón Andreu, presidente de la EMD de Bellaterra, quien justifica que esta opción pretende acabar con el tráfico interurbano. Al tener la Entidad Municipal competencias sobre la movilidad, la propuesta se formalizó en un acuerdo en la junta de vecinos y los bolardos entraron en funcionamiento ese mismo año.
Sin embargo el conflicto se desató al cabo de tres años, en 2014, cuando la Junta de Gobierno de la EMD de Bellaterra decidió modificar la ordenanza que regula estos bolardos para eliminar los “casos especiales” que debían permitir el acceso de algunos vehículos en ocasiones excepcionales. Por su parte, el Ayuntamiento de Cerdanyola decidió recorrer esa modificación de la ordenanza a través del contencioso administrativo y pidió que se eliminaran las barreras.
“Nosotros seguimos todo el procedimiento de aprobación y exposición pública cuando las instalamos y Cerdanyola no presentó ninguna alegación”, argumenta Andreu quien acusa al Consistorio de ocultar esa parte al juez. El magistrado decretó que estos elementos tenían que permanecer bajados como medida cautelar mientras se resolvía el proceso judicial. Bellaterra acató la decisión del juez y mantuvo los bolardos hasta abril de este mismo año, 2014.
Los bolardos instalados en Bellaterra limitan el acceso de vehículos ajenos al núcleo urbano (Josep Blanch)
Desde el gobierno de Cerdanyola justifican que cuando Bellaterra implantó los bolardos, había otro ejecutivo al frente del Ayuntamiento y por eso no se pudieron personar ante la justicia. “Entendemos que hay una reivindicación pero la solución no es cerrar el paso a quienes ellos quieran”, apunta Laura Benseny, concejal de relaciones con la EMD del Ayuntamiento de Cerdanyola. En ese sentido, Benseny señala que las bases reguladoras del convenio sobrelas competencias de movilidad“no son claras” y aunque admite que Bellaterra tiene soberanía en cuanto a la “ordenación del tráfico”, hay determinadas acciones que requieren de un acuerdo con el Ayuntamiento. “Ellos defienden que tienen competencia total y eso no es cierto”, apunta la concejal de Cerdanyola, que añade que en cuestiones sobre disciplina del tráfico la justicia siempre le ha dado la razón al Ayuntamiento.
Durante este tiempo la EMD ha estudiado cómo dejar sin efecto la decisión cautelar del juez. Los servicios jurídicos de la EMD consideran que al tratarse de un recurso sobre una modificación y no sobre la ordenanza que se aprobó en 2011, que es un “proceso administrativo firme”, las medidas cautelares concurren en una causa de “imposibilidad legal de cumplimiento”. Así pues Bellaterra decidió presentar un recurso a las medidas cautelares el mes de abril de este 2018 a las medidas cautelares y levantar los bolardos de nuevo porque. “No podíamos ignorar un acuerdo aprobado en la junta”, según Andreu.
Cerdanyola respondió rápidamente avisando del incumplimiento de la decisión judicial hace unas semanas y el juez decidió que mientras resolvía el recurso presentado por Bellaterra sobre las medidas cautelares, los bolardos tenían que volver a bajarse de nuev o. La EMD encajó este nuevo envite judicial pero mantuvo las barreras hasta primeros de junio, llegando a agotar el plazo que impuso el magistrado del contencioso administrativo.
“El acuerdo ya no se puede recurrir porque han pasado más de cuatro años desde su aprobación”, apunta Andreu. Ante esta situación, Bellaterra decidió anular el acuerdo de modificación de la ordenanza al creer que de este modo podrán poner fin a la contienda judicial generada por unos cambios que, consideran, son “poco significativos”. Sin embargo, el proceso ha continuado adelante.
Negociaciones rotas por el convenio
Esta disputa en los tribunales supone un nuevo capítulo en las frías relaciones entre Bellaterra y Cerdanyola. Ambas estaban negociando estos meses un nuevo acuerdo de convenio que recoge las competencias y el presupuesto anual de la EMD. En este nuevo encontronazo las dos administraciones también han seguido caminos por separado y finalmente no han llegado a encontrarse para cerrar un acuerdo y ahora mismo dan por rotas las negociaciones.
“La EMD presentó un convenio de máximos a la junta de vecinos sin consultarlo”, apunta Benseny que lamenta que no haya un buen diálogo entre las dos administraciones pero que se muestra abierta a negociar el convenio. La concejal de Cerdanyola considera que la propuesta que pusieron sobre la mesa “era de mucha mejora” y cree que esta disputa se debe a una estrategia “electoralista” de Bellaterra.
Por su parte, la EMD acusa a Cerdanyola de gobernar “contra Bellaterra” y considera que el convenio que planteaba el Ayuntamiento no se ajustaba a lo que ellos querían. “Nos llegó una contrapropuesta que se aleja mucho de lo que teníamos y nos restaba competencias”, apunta Andreu, que considera que el gobierno del Consistorio no tiene legitimidad para presentar propuestas de convenio. “Nuestro convenio obtuvo el apoyo mayoritario de la gente de Bellaterra y el suyo se basa en un gobierno de cinco concejales de los 25 que conforman el pleno”, comenta el presidente de la EMD, que lamenta que la propuesta del gobierno que lidera Carles Escolà no tuviera el respaldo del pleno municipal.
La instalación de los bolardos ha generado un pulso judicial entre Bellaterra y Cerdanyola (Josep Blanch)
El Ayuntamiento de Cerdanyola y la EMD de Bellaterra se reunieron por última vez el pasado 25 de mayo en un encuentro donde el gobierno municipal planteó una serie de soluciones para pacificar el tráfico en el Camí Antic de Sant Cugat y convencer a la EMD de la retirada de los bolardos.
El encuentro terminó sin que hubiera ningún avance en este sentido y las dos administraciones mantienen un pulso que está lejos de resolverse. Mientras tanto será la justicia la que intervenga en el caso de los bolardos para romper el hielo y permitir que avance la política en este término municipal.
BELLATERRA.CAT 