Per Jordi Sedó
En la primera parte de este artículo, intenté explicar algunas de las razones que mueven a los catalanes a considerar que el Estado español no nos sirve y que es por eso que una parte muy sustancial de los ciudadanos queremos que se respete nuestro derecho a la autodeterminación.
En esta segunda parte, intentaré apuntar algunas razones más en esa misma dirección.
A todo lo que expliqué en la primera parte, que ya es mucho, podemos sumar unas cuantas cosas más, como, por ejemplo, lo que nos muestra, al echar un simple vistazo, un mapa de resultados electorales, donde, sufragio tras sufragio, queda bien claro que partidos que suelen ser mayoritarios en la España de lengua castellana, devienen residuales en ciertos territorios. Alguna cosa debe de fallar en esta democracia cuando, sistemáticamente, como consecuencia de la aritmética parlamentaria, los catalanes tenemos que tragarnos unos gobiernos cuyos partidos, en Cataluña, tienen un apoyo muy minoritario cundo no, pírrico.
Pero hay más. También está la cuestión fiscal. Que un territorio que representa el 20% del PIB estatal muestre su solidaridad con los otros territorios me parece razonable. Cuando esa solidaridad implica que el primero caiga en la balanza fiscal hasta profundidades inimaginables y que, a causa de eso, muestre unos déficits en infraestructuras que luego le pasan factura en forma de deficiencias en los servicios que otras comunidades no sufren, me parece inasumible.
La cuestión de las balanzas fiscales es muy controvertida y los economistas no se ponen de acuerdo en cuál es el método más justo para presentar los números, pero aun en el caso de que utilicemos el método que dé el resultado menos lesivo para Cataluña, incluso así, las diferencias son tan sustanciales que no se puede por menos que rechazar de plano esas cotas de solidaridad tan elevadas.
Si además de eso, resulta que el aparato del Estado persigue con un encono absolutamente febril todas y cada una de las leyes, resoluciones y reglamentos que aprueba el Parlamento catalán, haciendo una interpretación fraudulenta de la Constitución, de tal manera que leyes tan razonables como la de pobreza energética, por ejemplo, y tantas otras son impugnadas y anuladas; si se atreve a entrar en el Parlamento catalán para intervenir de manera directa en la elección del presidente de la Generalitat como hizo con Carles Puigdemont cesándole, luego con Jordi Sánchez y, más tarde con Jordi Turull impidiendo que se produjeran las correspondientes investiduras encarcelándoles y, últimamente, con Joaquim Torra, a quien tarde o temprano decidirán inhabilitar por algo tan banal como haberse negado a retirar una pancarta; si se imponen durísimas penas de cárcel a los miembros de nuestro gobierno democráticamente elegido por cargos que, en ninguna parte de Europa, han sido considerados suficientes como para conceder la extradición de los que optaron por el exilio; si, además, la judicatura se muestra tan reacia a acatar, como es su obligación, la sentencia del TJUE sobre el nombramiento de Oriol Junqueras como diputado europeo; si se produce todo eso y muchas otras cosas más que no detallaré porque sería imposible ser exhaustivo, es cuando, definitivamente, concluimos que no vale la pena pertenecer a ese Estado y que, con la construcción de uno nuevo, sólo podemos salir ganando.
BELLATERRA.CAT 