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“El 6 de juliol de 2010 es va constituir l’EMD de Bellaterra”

5 Vocals per Gent per Bellaterra:

Ramon Andreu Atik, Montserrat Muñoz Casals, Ramon Sans Folch, Marc Campmany Crusafon i Miguel Angel Vazquez Heras

3 Vocals per Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya:

Fèlix Riba Farrés, Valeri Novell Sala, i Francesc Pérez Torres

1 Vocal per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa:

Marta Pujol Puente

President Ramon Andreu i vocals de l’EMD Bellaterra amb Jordi Ausàs, Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, i Carme Carmona, l’Alcaldessa de Cerdanyola.

BOE, decreto 167/2009, de 3 de novembre

Conforme con lo establecido en el artículo 79 del texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, en fecha 21 de julio de 2005, aprobó la constitución de la entidad municipal descentralizada de Bellaterra, en base a la documentación que consta en su expediente administrativo y que está formada por la memoria justificativa, la propuesta de bases que han de regular la prestación de servicios, el funcionamiento y la financiación de la futura entidad local, el deslinde y la relación de bienes a adscribir al nuevo ente local.

En la misma fecha, el expediente fue sometido a información pública mediante su exposición en el tablón de anuncios de la corporación y la publicación de los correspondientes edictos en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona». En el trámite de información pública se presentó una única alegación, en la que se rechazaba la creación del nuevo ente local por considerar que Bellaterra no era un núcleo aislado de población, el nuevo ente local asumiría un nombre muy limitado de competencias y no existía un proceso de participación ciudadana del conjunto del municipio de Cerdanyola del Vallès. El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario de 24 de noviembre de 2005, rechazó la alegación al considerar que concurren las condiciones para su constitución.

El expediente tuvo entrada en el registro general del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas el 13 de diciembre siguiente, aunque fue completado con datos económicos requeridos por la Dirección General de Administración General.

El 8 de mayo de 2006, el Servicio de Demarcaciones Territoriales de la Dirección General de Administración Local informó sobre el expediente y consideró que se justifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación de régimen local para la creación de entidades municipales descentralizadas, aunque es dudoso que los núcleos de población que forman el ámbito de Bellaterra formen per se una concentración separada de población.

Con posterioridad a la emisión del último informe se solicitaron de complementarios al Consejo Comarcal del Vallès Occidental y a la Diputación de Barcelona, que no fueron emitidos.

En fecha 11 de abril de 2007, el expediente de constitución de la entidad municipal descentralizada de Bellaterra fue sometido a consideración de la Comisión de Delimitación Territorial, sin que se emitiera informe al respecto, dado que consideró la necesidad que el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès acreditara de forma más precisa la viabilidad económica de la futura entidad local y que justificara su suficiencia económica. Igualmente, se cuestionó su ámbito territorial y se acordó solicitar nuevos informes técnicos que permitan contrastar el cumplimiento de los requisitos legales con mayor rigor.

La Dirección General de Administración Local solicitó nuevos informes técnicos al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, a la Diputación de Barcelona, a la Mancomunidad del Área Metropolitana de Barcelona y a la Universidad Autónoma de Barcelona. En fecha 24 de abril de 2008 tuvo entrada en el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas el informe favorable de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Mediante adenda de 26 de mayo de 2008, el Servicio de Demarcaciones Territoriales ratificó el sentido de su informe de 8 de mayo de 2006.

La Comisión de Delimitación Territorial, en sesión de 25 de junio de 2008, emitió informe favorable sobre el expediente, aunque condicionó su acuerdo a la acreditación de la viabilidad económica y excluyó del ámbito territorial el sector de Can Domènec, que tiene una continuidad territorial muy limitada con el resto del territorio de Bellaterra.

El 8 de enero de 2009, el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès remitió un nuevo estudio de la viabilidad económica de la nueva entidad municipal descentralizada así como un estudio técnico justificativo de la inclusión de Can Domènec en el ámbito de la entidad municipal descentralizada. Finalmente acompañó las alegaciones formuladas por diversas entidades del territorio que apoyan la integridad del ámbito territorial objeto de la constitución de la entidad municipal descentralizada.

La Comisión Jurídica Asesora, en sesión de 11 de junio de 2009, emitió el dictamen preceptivo sobre el expediente, y consideró que el ámbito territorial objeto de la constitución de la entidad municipal descentralizada debería incluir el sector de Can Domènec.

Por todo ello, teniendo en cuenta que ha quedado demostrado que en el ámbito de Bellaterra concurren circunstancias de naturaleza geográfica, histórica, social, económica y administrativa que justifican la creación de la entidad municipal descentralizada, que cuenta con recursos suficientes para cumplir sus atribuciones y que su constitución no supondrá una pérdida de calidad en la prestación de los servicios generales del municipio de Cerdanyola del Vallès;

Considerando lo dispuesto en los artículos 79 y 80 del texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y en los artículos 75 a 82 del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de demarcación territorial y población de las entidades locales de Cataluña;

De conformidad con los informes del Servicio de Demarcaciones Territoriales, de la Comisión de Delimitación Territorial y el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del Consejero de Gobernación y Administraciones Públicas y con la previa deliberación del Gobierno, decreto:

Artículo 1.

Aprobar la constitución de la entidad municipal descentralizada de Bellaterra, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Artículo 2.

La entidad municipal descentralizada de Bellaterra comprende los sectores conocidos como Bellaterra, Can Domènec y Turó de Sant Pau.

Los límites territoriales de la nueva entidad son los que constan en el plano que figura en la página 53 del expediente administrativo. El Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès y el órgano de gobierno de la entidad municipal descentralizada de Bellaterra levantarán conjuntamente el acta de amojonamiento de los límites aprobados.

Artículo 3.

El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès y el órgano de gobierno de la nueva entidad procederán a ejecutar la segregación patrimonial resultante de la constitución de la entidad municipal descentralizada.

Artículo 4.

El órgano de gobierno que regirá la nueva entidad hasta las próximas elecciones locales se constituirá conforme a lo dispuesto en el Decreto 78/1998, de 17 de marzo, por el que se regulan las comisiones gestoras municipales.

Disposición final.

Se faculta al consejero de Gobernación y Administraciones Públicas para dictar las resoluciones necesarias para dar cumplimiento a este Decreto.

Barcelona, 3 de noviembre de 2009.

El Presidente de la Generalidad de Cataluña José Montilla i Aguilera.

El Consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs i Coll.

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La publicació oficial de l’EMD de Bellaterra està treta del BOE.

“No s’ha de creure cap altra publicació privada, ja que es pot considerar Fake News”

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RTVE ha tenido acceso al Real Decreto con las medidas que paralizan la actividad económica no esencial durante dos semanas

Real Decreto Ley al que ha tenido acceso RTVE
A partir de este lunes toda la actividad económica no esencial está paralizada. Consulta el listado completo de las 40 profesiones que sí son esenciales y deberán acudir a sus puestos de trabajo:

1. A las personas trabajadoras en las actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. A las personas trabajadoras en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

3. A las personas trabajadoras de las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4. A las personas trabajadoras de todas las actividades productivas del sector industrial manufacturero y, en especial, las del sector químico, los sectores de fabricación de medicamentos y farmacia, del sector de la alimentación y bebidas, los subsectores del textil, el vidrio, el tabaco, los productores de bienes de equipo y los sectores de la cadena de valor de fabricación de todo tipo de tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario, los sectores de producción de pasta, papel, cartón o celulosa, así como aquellas otras actividades conexas que ofrezcan los suministros, equipos, materiales,materias primas o servicios profesionales necesarios para el correcto desarrollo de dichas actividades.

5. A las personas trabajadoras en las actividades que deban prestar los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas desde la declaración del estado de alarma.

6. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al personal que presta servicios en Instituciones Penitenciarias y al personal de los servicios de protección civil, salvamento y extinción de incendios, así como tráfico y seguridad vial.

7. A las Fuerzas Armadas.

8. Al personal de las empresas de seguridad privada que presta servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

9. A las personas trabajadoras de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las que atiendan mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, así como las personas que trabajen en empresas, entidades y centros de investigación en los que se estén desarrollando proyectos relacionados con el COVID19, y contra todas aquellas otras enfermedades que impliquen ensayos clínicos y pruebas de concepto en marcha; así como los animalarios a ellos asociados y las empresas prestadoras de servicios y suministradores de productos necesarios para la investigación en estas materias.

10. A las personas empleadas del hogar y personas cuidadoras.

11. A las personas trabajadoras que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. A las personas trabajadoras de empresas de servicios financieros y de seguros.

13. A las personas trabajadoras de la industria electrointensiva, siderúrgica y altos hornos y minera, así como a las personas trabajadoras en la producción y suministro de servicios de calefacción o aire acondicionado de forma centralizada para múltiples centros de consumo.

14. A las personas trabajadoras de empresas dedicadas a la fabricación de baterías de plomo, así como cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

15. A las personas que trabajan en plantas con ciclo de producción continuo o cuya interrupción pueda ocasionar daños graves en la propia instalación o peligro de accidentes.

16. A las personas que trabajan en la industria aeroespacial y de defensa, así como otras actividades de importancia estratégica para la economía nacional.

17. A las personas trabajadoras de las empresas de telecomunicaciones y de servicios informáticos esenciales. En las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tendrán la consideración deservicios informáticos esenciales aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

18. A las personas trabajadoras de empresas servicios esenciales relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

19. A las personas trabajadoras que presten servicios en actividades necesarias para la gestión y abono de las prestaciones públicas, subsidios y ayudas legal y reglamentariamente establecidas y el funcionamiento del Sistema de la Seguridad Social.

20. A las personas trabajadoras que presten servicios en gestorías administrativas y de graduados sociales, asesorías, despachos profesionales, servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales y, en general, aquellas dedicadas a la actividad de asesoramiento legal, fiscal, empresarial y sociolaboral o a la defensa de los intereses de las personas consumidoras.

21. El personal laboral al servicio de las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

22. A las autoridades civiles responsables de la salud pública y los empleados que presten servicios en dicho ámbito, así como aquellos otros relacionados directa o indirectamente con la gestión de la emergencia sanitaria.

23. A las personas trabajadoras de los servicios funerarios, así como de la construcción de nichos y otras actividades conexas.

24. A las personas trabajadoras que presten servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbano, peligrosos y no peligroso, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y retirada de animales muertos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

25. A las personas trabajadoras en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

26. A las personas trabajadoras que participen en la prestación de servicios que hayan sido declarados o se puedan declarar esenciales por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

27. Al personal del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

28. A las personas que desarrollen la actividad de gestión y explotación de autopistas de peaje, incluidas las estaciones y áreas de servicio que se encuentren en las mismas.
29. A las personas trabajadoras en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

30. A las personas trabajadoras en la provisión de servicios meteorológicos incluidos los servicios de mantenimiento y vigilancia, control de procesos operativos vinculados a los servicios meteorológicos, procesos de predicción meteorológica y proceso de observación aeronáutica y observación/predicción en defensa.

31. Asimismo, tendrán la consideración de servicio esencial la prestación de servicios a las Administraciones Públicas, cuando ello sea imprescindible, y en la medida en que lo sea para garantizar el funcionamiento básico de los servicios públicos. Del mismo modo, aquéllas que presten servicios en actividades de gestión de servicios dotacionales e infraestructuras de servicio público que resulten imprescindibles.

32. A las personas que presten servicios presenciales imprescindibles para el despacho aduanero, los de vigilancia aduanera y los realizados para el desempeño de los servicios críticos necesarios para la aplicación del sistema tributario.

33. A las personas trabajadoras que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

34. A las personas que prestan servicios en operadores logísticos e industrias textiles o de otra índole dedicadas o reconvertidas a la fabricación o importación de material sanitario.

35. A las personas que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

36. A las personas que presten los servicios mínimos necesarios para el mantenimiento y conservación de las instalaciones que paralicen su actividad durante el periodo señalado

37. A las personas trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia, salvo pacto en contrario entre el empleador y la representación legal de las personas trabajadoras a través de la negociación colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas trabajadoras.

38. A las personas trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal en los días de vigencia del permiso regulado en el presente real decreto-ley, así como aquellas otras cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas, entre ellas, las previstas en los apartados d) y e) del artículo 45.1 d y e Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

39. También tendrán consideración de servicio esencial la actividad sindical y patronal para dar servicio a empresas y personas trabajadoras.

40. Serán excepcionadas de la paralización de actividades no esenciales, aquellas actividades realizadas por empresas dirigidas a salvaguardar la seguridad de las personas y el medioambiente, la sanidad animal, la seguridad de las minas, prevención y extinción de incendios, así como las dirigidas a la búsqueda y rescate de personas.

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